El día martes 6 de Octubre (del 2015) Yankel Rosenthal fue detenido en Miami, como derivación de una acusación emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU –OFAC–, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros – Kingpin.
En coordinación, la Administración de Control de Drogas –DEA– y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York –SDNY– ejecutaron acciones en contra de los imputados: Yankel Rosenthal , Yani Rosenthal, y don Jaime Rosenthal Oliva.
Se les acusa de lavado de dinero y tráfico de drogas, conforme a la ley Kingpin. Además se les incrimina – junto con Andrés Acosta García – de estar ligados a una conspiración realizada por varios años (2004-2015) para lavar ganancias provenientes de crímenes de narcotráfico y de sobornos en el exterior, mediante cuentas en EEUU.
El Departamento del Tesoro de EEUU los ha sumado a la lista SDN (nacionales especialmente designados), que prohíbe a otros de hacer negocios con sus compañías, so pena de enfrentar sanciones.
De una entrevista brindada por Jaime Rosenthal y su hija Patricia Rosenthal a la fundación Insight Crime, se desprende su versión sobre la relación entre Grupo Continental y la familia Rivera Maradiaga. Dicha relación comenzó a finales de los años 70 y principios de los 80 – cuando los Rosenthal les compraban ganado para la Empacadora Continental –, y despegó en 2006, cuando Banco Continental les concedió préstamos para negocios vinculados al ganado y la producción de leche. Subsiguieron préstamos para vastos dominios de palma africana, y después un préstamo que afirmaba la construcción del zoológico Joya Grande. “Eran buenos negocios”.
Los Rosenthal afirman que este préstamo era rentable y legitimo en todo aspecto. Afirman que Joya Grande ha dañado su imagen, pero que en su momento fue visto como un proyecto auto sostenible que incluso atraía turismo de otros países del istmo. Pero no menciona si este fue un resultado inesperado o formaba parte de la visión previa sobre la factibilidad de este emprendimiento. Lo que si queda claro es que se trataba de una inversión bastante grande. Patricia Rosenthal afirma: “No teníamos razones para creer que eran tan curvos como resultaron ser”.
Esta narrativa pierde su hilo cuando Obama anuncia, en el 2013, que “Los Cachiros” son “Los Cachiros”. Patricia Rosenthal afirma: "Es en ese momento cuando nos dimos cuenta, cuando Obama lo dijo, porque no había ningún documento ni nada que dijera que estaban involucrados con el narcotráfico." Sin embargo los Rosenthal admiten que ya habían escuchado rumores sobre Los Cachiros. En Marzo del 2012 – 18 meses antes de que los oficiales del Departamento del Tesoro mencionaran específicamente a los Cachiros – Jaime Rosenthal escribió una carta a la embajadora Kubinske en la que menciona que Grupo Continental tiene relación con muchos clientes en negocios y agronegocios, y pide asistencia e información, para evitar relacionarse con personas vinculadas al narcotráfico.
En la entrevista Rosenthal se defiende diciendo que es imposible mantener un record de todos los clientes. No tienen una unidad de investigación. Afirma que lo que los bancos hacen es determinar si un cliente tiene o no tiene la capacidad de pagar. Dice que un banco no es el ente que ha de determinar quién es o no es un criminal. Eso es menester del estado. “No hicimos nada ilegal”.
Ambos entrevistados atestiguaron que estos préstamos (del Banco Continental a los Cachiros) eran subsidiados por el gobierno. En otras instancias el banco simplemente funciono como intermediario para contratos entre el negocio de Rivera Maradiaga y los financistas, que incluían, pero no estaban limitados, a contratos de gobierno.
Por su parte el abogado Yani Rosenthal se defendió (en el programa de Frente a Frente) alegando lo mismo. El grupo Continental le dio varios préstamos a una empresa de la familia Rivera Maradiaga (Cachiro), que dichos préstamos fueron pagados por transferencias de otros bancos, y también mediante el SIAFI, o sea el gobierno.
No obstante, esto va más allá del caso de Los Cachiros. No solo son acusados de estar ligados al lavado de activos provenientes de crímenes del narcotráfico (en EEUU y en un país extranjero).
La fiscalía de Manhattan les acusa de estar ligados a una red de soborno de funcionarios públicos (mediante cuentas de EEUU), de malversación, robo, y desfalco de fondos públicos.
La fundación Insight Crime ha comunicado que los reportes finales sobre este caso serán publicadas en las semanas siguientes.